Redacción. Madrid
Un 6,5 por ciento de los presos españoles tiene discapacidad intelectual o enfermedad mental, según datos de la Dirección General de las Instituciones Penitenciarias. Así lo ha señalado Torcuato Recover, miembro del Comité Ejecutivo del Cermi y coordinador de la Red de Juristas de la Confederación Feaps, durante su intervención en una jornada sobre las personas con discapacidad ante el nuevo proceso penal.
Torcuato Recover.
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La jornada ‘Las personas con discapacidad ante el nuevo proceso penal’ ha sido organizada por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de su programa ‘Por Solidaridad. Otros Fines de Interés Social’.
Para Recover, el drama de la discapacidad en los centros penitenciarios existe, por lo que, en su opinión, es necesario establecer medidas de protección, de reconocimiento de derechos, el planteamiento de aplicaciones, o la intervención de mediadores. Según expuso, no es admisible que se siga condenando a personas en situación de falta de defensa cierta y evidente, y es necesario provocar un cambio, de acuerdo a la Convención de la ONU.
Sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual ante el nuevo proceso penal, Recover se refirió a la doble discriminación de este grupo y a la importancia de incidir en la formación adecuada acerca de esta discapacidad para una detección precoz y para una especial atención a las personas con discapacidad intelectual.
Por su parte, la asesora jurídica de la Confederación Feafes, Irene Muñoz Escandell, aseguró que el 3 por ciento de las personas con enfermedad mental grave ha cometido un delito, un porcentaje muy inferior al del resto de la población. Según explicó, con este dato se contradice la creencia generalizada de que las personas con enfermedad mental cometen delitos por su condición y aseguró que el sistema sociosanitario condena a estas personas a una sospecha perpetua o a tratamientos inadecuados.
Asimismo, alertó sobre la reforma de las medidas de seguridad, que influyen de manera notable, y antes que un proceso de rehabilitación o de reinserción social, tal y como pugna la Constitución. Para ella, las penas y medidas de seguridad deben estar dirigidas a la reinserción social y a la reeducación.
Propuestas del Ministerio de Justicia
Previamente, en representación de Ministerio de Justicia, Cristina Martínez Arrieta se refirió a las medidas que prepara su departamento en relación a todo lo que afecta a las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.
En relación a la modificación del Código Penal, explicó que éste establece que las víctimas con discapacidad intelectual sean objeto de una especial protección debido a su especial vulnerabilidad, a fin de evitar discriminación y desigualdad. Y, por otro lado, se modifica lo referente a la esterilización.
Otro aspecto que destacó es la asistencia jurídica gratuita para las víctimas vulnerables, lo cual, según reconoció, es un importante avance, que se acompaña de una atención jurídica especializada, al tiempo que puso en valor, en relación al anteproyecto de Ley del Estatuto Jurídico de la Víctima, la atención individual a las víctimas, en la que se tendrá en cuenta su situación particular de discapacidad, estableciendo medidas específicas para personas con discapacidad intelectual.
En cuanto a las propuestas que plantea el Ministerio, destacó un Reglamento de oficina de asistencia de las víctimas, la elaboración de un informe sobre el impacto en la víctima, un protocolo integral de las oficinas de asistencia a las víctimas, así como la coordinación entre el Ministerio de Justicia, las dependencias policiales, la Guardia Civil, los servicios de protección civil y las instituciones penitenciarias, entre otras medidas.
Por otra parte, la psicóloga y directora de la Unidad de Atención a Victimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, María Recio, destacó el programa que desarrollan en la fundación y explicó que cuenta con una guía para la intervención policial con personas con discapacidad intelectual, gracias a la cual se establecen adaptaciones en la investigación policial para prestar declaración o para la identificación, así como en la evaluación de la credibilidad, manteniendo el compromiso de implementar ajustes adecuados en procedimientos, según establece la Convención de la ONU, entre otras cuestiones.
En esta línea, el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Ángel Luis Ortiz, explicó el proceso de ejecución de las penas en las personas con discapacidad y el coordinador de Programas Penitenciarios de Feaps, Luis Varea, expusieron sus propias experiencias en relación a las personas con discapacidad en el sistema penal.
En cuanto a las enseñanzas de los programas sociales de apoyo y asistencia a reclusos con discapacidad, Varea puso de manifiesto la invisibilidad y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual en el programa penitenciario, por lo que, según mantuvo, el programa de atención integral a personas con discapacidad intelectual de Feaps busca evitar esto, siendo un proyecto integral, que les acompaña a lo largo de todo el proceso, flexible, versátil, con procedimientos y actividades comunes ajustados a la realidad de una persona.
El programa, subrayó, busca la detección de la persona con discapacidad intelectual en este sistema, regularizar su situación y visibilizarlas, generando concienciación social, al mismo tiempo que pretende responsabilizarles de sus propios actos, pero de manera adecuada a su discapacidad. |
