Redacción. Valladolid
Las Jornadas de Salud Mental y Sistema Penal organizadas por Feafes CyL han contado, en su último día, con la intervención del reputado fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, Fernando Santos Urbaneja, quien se ha mostrado especialmente crítico con el proceder actual del sistema judicial frente al procesamiento de las personas con enfermedad mental.
Fernando Santos Urbaneja.
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Este palentino responsable de la creación de la sección de Protección de Personas con Discapacidad del ministerio fiscal de Córdoba, ha criticado abiertamente la propuesta de reforma del Código Penal del actual Gobierno, "ya que es verdaderamente cruel y supone una represión penal del desfavorecido". No obstante, el fiscal se mostró esperanzado en cuanto a la paralización de esta propuesta, "en la que pretenden dar marcha atrás y encerrar e incapacitar a las personas con enfermedad mental". Igualmente, Santos Urbaneja aseguró su intención de acudir "donde sea preciso, a Europa, a la ONU o donde sea antes de que esta reforma sea efectiva".
Uno de los datos más destacados de su intervención fue la referida a los datos de enfermos mentales recluidos, ya que según las estimaciones de Santos Urbaneja, "esta cifra podría reducirse hasta en un 50 por ciento si se aplicarán una serie de medidas terapéuticas, como las propuesta por Feafes".
Este documento elaborado recientemente por la Confederación, recoge un "catálogo" de propuestas, donde destacan cuatro medidas fundamentales sobre las que asentar el tratamiento a las personas con enfermedad mental y que son: planes individualizados de Atención (estableciendo la normativa que obligue a las CCAA a ponerlos en marcha), equipos de intervención familiar, apoyo domiciliario y equipos multidisciplinares.
El fiscal destacó al colectivo de la enfermedad mental como el peor tratado por el sistema judicial. "He sido testigo de cómo estas personas terminan en prisión por hechos que la ley reconoce como delitos, pero que en la realidad no deberían ser imputables si tenemos en cuenta la biografía de estas personas", relata con indignación este profesional.
Fernando Santos Urbaneja reclamo una mayor implicación por parte de todos los agentes que intervienen en los procesos judiciales, incluídas los dispositivos policiales o sanitarios. "Cuando se acude a un episodio de violencia en un domicilio familiar hay que tener en cuenta si se trata de un síntoma de la propia enfermedad que puede llevar al sujeto a propinar un empujón, y por lo tanto considerar el acto como algo no imputable a nivel de delito".
Una afirmación que nace de un estudio realizado en la Audiencia provincial de Córdoba y en el que se revela que "el 83 por ciento de los enfermos mentales detenidos y conducidos al juzgado de guardia tiene que ver con este tipo de situaciones", afirma el fiscal.
Una situación que además de poder derivar en una privación de libertad también conlleva una orden de alejamiento de la familia, "lo que se traduce en una situación de desamparo cuando estas personas cumplen sus condenas y vuelven a la calle".
"En esto casos es preciso establecer unos mecanismos de coordinación, como tenemos en Córdoba con la Consejería de Salud, y solicitar la intervención de recursos externos", explica Santos Urbaneja, quien aboga por evitar un juicio pero sí "gestionar peticiones de protección e incluso ingresos en unidades de salud mental, si el forense lo considera preciso".
Además, este profesional destacó la importancia de prestar atención de forma especial a aquellas personas con enfermedad mental que abandona el centro penitenciario y se ve sólo "hay que darles prioridad en cuanto al uso de los recursos residenciales, y para ellos es preciso que las asociaciones tenga una interlocución con todos los agentes, creando protocolos de coordinación efectivos", concluyó Fernando Santos Urbaneja.
Las Jornadas de Salud Mental y Sistema Penal han concluido hoy con un éxito total de participación, donde más de 140 personas procedentes de distintos puntos del país (Galicia, Valencia, País Vasco, entre otros) han pasado por la sede del Colegio Oficial de Abogados de Valladolid. Los 22 ponentes participantes en este encuentro han analizado la realidad más actual de la situación de las personas con enfermedad mental dentro del sistema penitenciario del país.
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