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Jueves, 08 de enero de 2015   |  Número 36
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PSIQUIATRÍA AUTONÓMICA
JORNADAS SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS
Andalucía apuesta por una “reorganización innovadora de los recursos” en salud mental
El presidente del Parlamento asegura que la toda la sociedad debe asumir la defensa de derechos de las personas con patologías psiquiátricas

Redacción. Sevilla
El nuevo Plan Integral de Salud Mental de Andalucía favorecerá una asistencia integral e integrada al paciente desde el ámbito sanitario y social. Así lo ha anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la inauguración de las Jornadas sobre Coordinación entre Servicios Sociales y Sanitarios organizadas por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes).

La consejera de Salud ha inaugurado la jornada.

En esta inauguración han estado también el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el director nacional del departamento de Relaciones Institucionales de Janssen, Ramón Frexes; y la presidenta de Feafes-Andalucía, Concepción Cuevas.

Sánchez Rubio ha apuntado la necesidad de realizar una reorganización innovadora de los recursos, "partiendo de un proceso de planificación que pueda garantizar respuestas coherentes y longitudinales, articular la atención sanitaria y social, priorizar el objetivo de la recuperación, y afrontar dificultades para posibilitar el proyecto vital de las personas en su entorno de vida". La consejera ha valorado también que Andalucía cuenta, tanto en el ámbito social como en el sanitario, con equipos multidisciplinares y de base comunitaria, lo que permite, junto a la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) y al Plan Integral, "establecer un adecuado marco de trabajo para los próximos años".

La consejera ha reiterado que "el Estado del Bienestar es sostenible si se invierte adecuadamente, porque sigue siendo un motor de riqueza económica y social" y ha criticado el "falso mito" de que el gasto público en sistemas de protección social "no nos lo podemos permitir". Ha avalado la necesidad de seguir trabajando por la "universalidad, la equidad y la solidaridad", así como en la "protección y empoderamiento de las personas con enfermedad mental y en la lucha contra el estigma".

Por su parte, Gracia ha asegurado que la sociedad en su conjunto, todos ciudadanos, "debemos asumir la defensa de los derechos de las personas con trastorno mental. Sólo así lograremos dejar a un lado el miedo, los estigmas y los prejuicios, para construir una nueva realidad basada en el respeto, la dignidad, la inclusión, la accesibilidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades". Gracia ha recordado que las asociaciones de enfermos y sus familiares y los profesionales de la salud mental "han advertido, y denunciado, en numerosas ocasiones la falta de recursos sanitarios y sociales, lo que impide la atención permanente e individualizada tan necesaria para este colectivo".

Para el presidente de la Cámara andaluza, este hecho supone "un reclamo que la sociedad debe asumir, con las instituciones al frente, para cumplir así con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, que insta a los estados a aumentar la inversión en Salud Mental; y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por nuestro país, según la cual "todos los miembros de nuestra sociedad tienen los mismos Derechos Humanos, que incluyen derechos civiles, culturales, económicos y sociales. Y todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar, sin discriminación, de todos sus derechos".

Por ello, Gracia ha concluido que "es responsabilidad de los poderes públicos garantizar que las personas con trastorno mental reciban el tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista sociosanitario; así como proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Un objetivo común para el que es necesario la dotación de recursos humanos y económicos, la formación y coordinación de los profesionales implicados, la coordinación de las instituciones, y el desarrollo de estrategias definidas conjuntamente entre las instituciones, los profesionales sociosanitarios y las asociaciones de enfermos y familiares".
 

 

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