Redacción. Sevilla
Julio Antonio Guija, psiquiatra en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, ha anunciado en el XVII Congreso Nacional de Psiquiatría que a finales del año que viene “los psiquiatras forenses españoles podrán contar con un instrumento de evaluación de la capacidad civil por razones de salud mental en personas mayores”.
Julio Guija.
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Así, el proyecto Decan (Toma de Decisiones en Ancianos) se ha presentado en un taller monográfico sobre incapacidad civil dentro del congreso. “El citado proyecto es el germen de lo que se pretende que llegue a convertirse, con el consenso y la participación de los psiquiatras forenses y clínicos españoles, en una escala de evaluación con unos criterios objetivos y unificados para abordar la incapacidad civil de las personas mayores en España”. El proyecto Decan es una iniciativa surgida en el Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla en colaboración con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Sevilla..
Guija ha puesto de relieve la importancia creciente de los procesos de incapacidad civil de personas mayores, “que no han parado de incrementarse en los últimos años. El aumento de población y de la esperanza de vida, ha supuesto que cada vez haya más personas con problemas psíquicos que precisen, a instancias del fiscal o de la familia, una evaluación de su capacidad civil”.
Uno de los aspectos de este problema “que más estamos notando”, se refiere a la situación en la que la persona mayor “presenta una dependencia emocional respecto a su cuidador principal. Así, el cuidador principal comienza a asumir consciente o inconscientemente decisiones que atañen a la persona mayor, consentidas por él, pero que perjudican o pueden perjudicar a él mismo, a sus familiares o a otras personas de su entorno cercano. Ante eso, el fiscal o la familia inician procesos para determinar la capacidad civil de la persona mayor en cuestión”.
Existen situaciones de causa médica que impiden poseer esta capacidad civil en su plenitud, siendo el psiquiatra forense (cuando la causa es de tipo psíquico) quien debe diagnosticar la existencia de cualquier tipo de trastorno y cómo éste afecta a la capacidad de la persona para tomar decisiones, así como a qué situaciones afecta esta limitación.
Tal y como ha señalado el doctor Guija “en la actualidad, si bien es cierto que se utiliza el instrumento clínico por excelencia (la entrevista psiquiátrica) es conveniente discutir acerca de la posibilidad de utilizar instrumentos de evaluación que ayuden a los clínicos a realizar este tipo de actividad pericial de un modo homogeneizado”.
El experto ha recordado que, desde la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo en 2006, “los psiquiatras forenses trabajamos con el fin de ajustar lo máximo posible cuáles son los aspectos civiles para los cuales la persona se encuentra incapacitada y para cuáles se encuentra apta. Podríamos decir que se pretende realizar una incapacidad civil a medida de cada persona, huyendo de patrones generalizados”.
Posteriormente, el informe de los psiquiatras forenses o de los médicos forenses encargados de evaluar, “es remitido al juez, que es el responsable de determinar la incapacidad civil de una persona”.
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